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Del 17 al 22 de noviembre se llevaron a cabo las audiencias sobre las excepciones preliminares del caso Sentencia Arbitral del 3 de octubre de 1899 interpuesto por Guyana contra Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (‘CIJ’ o ‘Corte’). Se trata de una controversia entre los dos países sudamericanos que nació desde la pretensión venezolana de declaración de nulidad de la Sentencia Arbitral del 3 de octubre de 1899, que determinaba la frontera entre las dos Partes. Si bien la Corte emitió, el 18 de diciembre de 2020, una sentencia considerando que tenía competencia para resolver la controversia (en ausencia de Venezuela), en junio de 2022 Venezuela ingresó al procedimiento y presentó excepciones preliminares a la admisibilidad de la jurisdicción de la Corte.
Uno de los puntos principales del debate entre los dos Estados fue la aplicación o no del principio Oro Monetario, según el cual la CIJ no puede decidir una disputa sin el consentimiento de todas las partes involucradas. Para Venezuela, como se verá, el Reino Unido también debe ser parte del proceso. Aunque se han esgrimido otros argumentos, el presente ensayo debe centrarse en ese principio, que fue objeto de los debates librados en aquellos lluviosos días de noviembre en La Haya.
Las preguntas centrales de este texto son: ¿qué está en juego para el Principio del Oro Monetario en el caso Guyana c. Venezuela, y cuál es su importancia para el caso? Por supuesto, no se trata de tomar partido ni de valorar la solidez de los argumentos jurídicos de una sentencia aún no adoptada. Después de todo, es posible que la Corte ni siquiera se pronuncie sobre el principio, , cada vez más invocado ante la barra de la Haya y otros tribunales. El único objetivo es argumentar que existen algunas incertidumbres sobre el principio y que una posible decisión sobre la cuestión puede aclarar el contenido de este punto aún neblinoso del derecho procesal de la CIJ.
Por consecuencia, el texto se divide en tres partes. En primer lugar, se hace una breve contextualización de la controversia ante la Corte entre Guyana y Venezuela y algunas implicaciones del caso. A continuación, se destaca el principio del Oro Monetario y sus repercusiones en la controversia concreta. Finalmente, se hacen algunas reflexiones sobre el significado de la aplicación del principio en el caso y la jurisprudencia de la Corte, argumentando que éste sería el momento oportuno para que la Corte diera más indicaciones sobre algunos matices de su contenido con el propósito de incrementar la previsibilidad sobre sus normas procesales.
Corruptio optimi pessima
Aunque los antecedentes fácticos de la controversia ya han sido explorados, es necesario recordarlos brevemente para contextualizar la disputa entre Guyana y Venezuela. Colonizada originalmente por los Países Bajos en el siglo XVII, el territorio de Guyana fue cedido posteriormente al Reino Unido (tres unidades coloniales bajo el apodo de “Guayana Británica”). Guyana se convirtió en un país independiente en mayo de 1966. Venezuela, independiente de España desde 1810, mantenía disputas territoriales con la Guayana Británica por la región del Esequibo, en la frontera entre ambos territorios. En 1897, el Reino Unido y Venezuela firmaron el Tratado de Washington para resolver las disputas territoriales y decidieron nombrar un tribunal de arbitraje para hacerlo. El tribunal estaba compuesto por cinco árbitros, entre ellos dos miembros designados por el Reino Unido, dos miembros designados por Venezuela (dos estadounidenses) y un quinto miembro designado por los cuatro miembros. El quinto miembro en cuestión era el jurista y diplomático ruso Friedrich de Martens. El Laudo Arbitral de 1899 sobre la Frontera entre la Colónia de la Guayana Británica y los Estados Unidos de Venezuela sostuvo que la región del Essequibo pertenecería a la Guayana Británica, una decisión concisa y unánime, sin ningún fundamento jurídico que guiara las razones en las que se fundamentó el laudo.
A partir de 1962, Venezuela sostuvo formalmente ante las Naciones Unidas la nulidad de la sentencia arbitral, debido al descubrimiento de nuevos hechos y a la supuesta colusión entre los árbitros, entre otras razones. En 1966, año de la independencia de Guyana, Venezuela, el Reino Unido y Guyana firmaron los Acuerdos de Ginebra para resolver el litigio en cuestión. Pasaron décadas y el caso llegó a la Corte de La Haya. Debido a las impugnaciones de la validez del laudo por parte de Venezuela, Guyana llevó el caso ante la Corte con el propósito de obtener una declaración de su validez y, en consecuencia, de su soberanía sobre la región de Essequibo. En una sentencia sobre la jurisdicción del 18 de diciembre de 2020 (sin la presencia de Venezuela en el proceso), la Corte Internacional de Justicia sostuvo que tenía jurisdicción para conocer el caso en virtud del Acuerdo de Ginebra, declarando que:
[La Corte, por 12 votos a favor y 4 en contra] se considera competente para conocer la Solicitud presentada por la República Cooperativa de Guyana el 29 de marzo de 2018 en relación con la validez del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899 y la cuestión conexa de la solución definitiva de la controversia fronteriza terrestre entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela;
La decisión de la Corte en 2020 es notable, ya que limita el alcance de la disputa a la validez del laudo arbitral y a la disputa fronteriza final entre los dos Estados. En junio de 2022, Venezuela presentó objeciones preliminares a la jurisdicción de la Corte en relación con su admisibilidad. En otros términos, en virtud de la decisión de 2020, Venezuela se esforzó por demostrar a la CIJ que, aunque la Corte posea jurisdicción para resolver la disputa en virtud del Acuerdo de Ginebra, no puede ejercerla debido a una cuestión de limitación de la demanda – la ausencia de una parte indispensable en la disputa, tal como la formuló la Corte en su jurisprudencia: la aplicación del principio Oro Monetario en relación con el Reino Unido.
Interpretatio cessat in claris
Tal y como se formula en la jurisprudencia de la Corte, cuya jurisdicción se basa en el consentimiento de los Estados para resolver el litigio, el principio Oro Monetario, aplicado por primera vez en el caso Monetary Gold Removed from Rome in 1943 (Italy v. France, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America), exige que la Corte se abstenga de resolver una disputa puesto que se trate de los intereses jurídicos de un tercer Estado que no haya ofrecido su consentimiento y que constituyan “el objeto mismo” del caso, así como cuando la Corte no pueda resolver el caso que se le presenta sin pronunciarse sobre la responsabilidad internacional (o los derechos) de un tercer Estado. La enunciación jurisprudencial del principio es transparente. Menos claras son sus aplicaciones en casos concretos, como es la situación de la controversia entre Guyana y Venezuela. Ello sin desconocer que, como se ha senãlado doctrinalmente, “existe una tendencia creciente a que los litigios internacionales superen el marco bilateral para el que la adjudicación internacional parece estar especialmente diseñada e incluyan rasgos multilaterales”.
En el caso que nos ocupa, la tesis sostenida por el memorial y los abogados de Venezuela en La Haya sería que “la Corte no puede decidir la anulación de un laudo arbitral en ausencia de una de las partes del procedimiento que dio lugar a dicho laudo. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no ha renunciado a sus compromisos y obligaciones, ni los ha transferido a la República Cooperativa de Guyana, ni Guyana – que puede ser al menos su beneficiário – se subroga en ellos o representa a su titular”. Para Guyana, no obstante, el principio no se aplicaría por dos razones: “en primer lugar, el Reino Unido no tiene ningún interés legal – ningún derecho u obligación – que se vería afectado por una sentencia de la Corte sobre el fondo del presente caso; y en segundo lugar, el Reino Unido ha ofrecido su consentimiento en el artículo IV del Acuerdo de Ginebra de 1966 para que la Corte resuelva esta disputa entre Guyana y Venezuela” (Reichler). Uno de los puntos planteados por Guyana es que el Reino Unido ya ha declarado que no tiene ningún interés en el caso y que, por tanto, no habría un defecto de consentimiento por su parte. La interrogación que resta es: ¿pero en relación con las posibles obligaciones del Reino Unido en la presente controversia? ¿Es suficiente una declaración de no interés para subsanar la necesidad de consentimiento para pronunciarse sobre esas cuestiones?
El problema es que en las dos últimas ocasiones en las que la Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado sobre el Principio Oro Monetario, fue verificado cierto margen de interpretación que ha aportado incertidumbre al procedimiento de su aplicabilidad. Si en Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru c. Australia), la Corte sostuvo que las alegaciones de Nauru en relación con Australia “no constituyen el objeto mismo de la sentencia que se ha de dictar” en Timor Este (Portugal c. Australia), la misma Corte no pudo pronunciarse sobre la reclamación de Portugal porque sostuvo que, de hacerlo, se estaría pronunciando sobre los derechos y responsabilidades de un tercer Estado – Indonesia – que no era parte del procedimiento. Existe vacilación sobre cuál es el núcleo de la prueba a ser empleada al aplicarse el principio Oro Monetario.
Como ha observado acertadamente una autora, “el consentimiento debe abarcar todas las reclamaciones que la Corte decide en la parte resolutiva de la sentencia”. Es difícil concebir, en la presente controversia tal y como ha sido formulada por la Corte, un pronunciamiento del órgano judicial en la parte resolutiva que se pronuncie o no sobre la validez del laudo arbitral sin que repercuta, siquiera prima facie, en la eventual responsabilidad del Reino Unido (tal y como argumentan los abogados de Venezuela en la controversia). Si el laudo es nulo por corrupción, dichos actos se produjeron en virtud de un tercero, y al tener que pronunciarse sobre dichos actos, la Corte estaría yendo más allá del consentimiento de las partes. Además, un punto concreto relativo al régimen probatorio liberal de la Corte y a los deberes de buena fe en el procedimiento hace más compleja la cuestión: ¿cómo podría probar las irregularidades de la posible corrupción sin tener acceso a los archivos del Reino Unido?
La Corte, en caso de que decida pronunciarse sobre el principio Oro Monetario, debería establecer con mayor claridad cuál es el standard aplicable al principio y si también la responsabilidad potencial de un Estado será suficiente para incurrir en la zona de aplicabilidad del principio. Una mayor claridad en este sentido sería más que bienvenida para futuros casos ante la Corte.
Tempus fugit memento mori?
La Corte Permanente de Justicia Internacional formuló un antiguo dictamen en el que señala que está “bien establecido en el derecho internacional que ningún Estado puede, sin su consentimiento, ser obligado a someter sus controversias con otros Estados a la mediación o al arbitraje, o a cualquier otro arreglo pacífico”. A este respecto, la tesis venezolana es que no se ofreció el consentimiento del Reino Unido para que se pudiera verificar una conducta fraudulenta por parte de ese Estado. En contraste, la tesis de Guyana parece basarse en la idea de que el consentimiento del Reino Unido se ofreció con la condición de que no hubiera implicaciones para ese Estado, algo que podría ocurrir por fuerza de una sentencia de la CIJ.
Incluso hay que preguntarse, desde el punto de vista de la política judicial, cuáles serían los impactos de una decisión que ignorara el principio Oro Monetario y siguiera decidiendo cuestiones complejas en las que los Estados se resistieran a aceptar su jurisdicción. Ese es el papel de la Corte en este momento, gracias al gran número de casos contenciosos y dos posibles opiniones consultivas al acecho. ¿Debe el Tribunal involucrarse en una controversia que quizá tenga poca repercusión para los Estados si no se negocia adecuadamente, ya que, como es sabido, existen grandes intereses en los recursos naturales de la región, así como en los recursos marinos que proyectan las zonas marítimas de la región?
Hay una cuestión subrepticia relativa al colonialismo como trasfondo de la controversia. A diferencia de su Opinión Consultiva sobre Chagos, en el que la Corte se pronunció libremente sobre las obligaciones de un Estado, en una controversia bilateral esta posibilidad es prácticamente imposible sin contradecir el Principio Oro Monetario. Tal vez aprovechando la oportunidad de aclarar la aplicación del Principio Oro Monetario, la Corte pueda también señalar a los Estados que en las controversias en las que las cuestiones coloniales son efervescentes, es interesante que no sean sólo las antiguas colonias las que discutan entre sí los derechos y responsabilidades de los actos cometidos en el pasado.
Guiana, Venezuela e o princípio do Ouro Monetário
Entre os dias 17 a 22 de novembro ocorreram no Grande Salão de Justiça, no Palácio da Paz, as audiências de objeções preliminares do caso Sentença Arbitral de 3 de Outubro de 1899 movido pela Guiana contra a Venezuela perante a Corte Internacional de Justiça (‘CIJ’ ou ‘Corte’). Trata-se de controvérsia entre os dois países sul-americanos que surgiu como resultado da alegação Venezuelana de que seria nula a Sentença Arbitral de 3 de outubro de 1899 que determinava a fronteira entre as duas Partes. Embora a Corte tenha em 18 de dezembro de 2020 emitido julgamento considerando possuir jurisdição para dirimir a controvérsia (à revelia da Venezuela), em junho de 2022 a Venezuela ingressou no procedimento e apresentou objeções preliminares à admissibilidade da jurisdição da Corte.
Um dos pontos fulcrais do debate entre os dois Estados era a aplicação ou não do princípio do Ouro Monetário, segundo o qual a CIJ não pode decidir uma controvérsia se não possuir o consentimento de todas as partes envolvidas. Para a Venezuela, como se verá, o Reino Unido deveria ser também parte no processo. Outros argumentos foram levantados. Contudo os debates esgrimados na Haia naqueles chuvosos dias de novembro demonstram algumas incertezas em relação ao princípio do Ouro Monetário e é sobre ele que o presente ensaio se enfoca. A pergunta central deste texto é: o que está em jogo para o princípio do ouro monetário no caso Guiana v. Venezuela e qual é seu significado para o caso? Obviamente não se pretende aqui tomar lados ou avaliar a solidez dos argumentos jurídicos numa sentença ainda não decidida. Ademais, é possível que a Corte sequer se pronuncie sobre o princípio, crescentemente invocado perante a barra da Haia e de outros tribunais. O único objetivo é sustentar que existem algumas incertezas em relação ao princípio e que uma potencial decisão sobre o tema pode esclarecer o conteúdo do direito processual da CIJ
Para tanto, o post se divide em três partes. Num primeiro momento, faz-se breve contextualização da controvérsia perante a Corte entre Guiana e Venezuela e sobre algumas implicações do caso. Em seguida, ganha destaque o princípio do Ouro Monetário e suas implicações no caso concreto. Por fim, tece-se algumas reflexões sobre o significado da aplicação do princípio no caso concreto e na jurisprudência da Corte, sustentando-se que seria o momento da Corte oferecer maiores indicações sobre alguns aspectos de seu conteúdo para incrementar a previsibilidade sobre seu regramento processual nesse aspecto.
Corruptio optimi pessima
Embora o contexto fático da controvérsia já tenha sido explorado em outros meios, faz-se necessário aqui breve rememorar para contextualização da questão do Ouro Monetário. Originalmente colonizada pela Holanda no século XVII, o território da Guiana foi posteriormente cedido ao Reino Unido (três unidades coloniais sob a alcunha de ‘Guiana Britânica’). Enquanto país, a Guiana tornou-se independente em maio de 1966. Venezuela, independente da Espanha desde 1810, possuía controvérsias territoriais com a Guiana Britânica sobre a região de Essequibo, na fronteira entre os dois territórios. Em 1897, Reino Unido e Venezuela concluíram o Tratado de Washington para resolver as controvérsias territoriais e decidiram nomear um tribunal arbitral para tanto. Composto de cinco árbitros, o tribunal possuía dois membros indicados pelo Reino Unido, dois membros indicados pela Venezuela (dois americanos), e um quinto membro indicado pelos quatro membros. O quinto membro em questão foi o jurista e diplomata russo Friedrich de Martens. A Sentença Arbitral de 1899 sobre a Fronteira entre a Colônia da Guiana Inglesa e os Estados Unidos da Venezuela entendeu que a região de Essequibo pertenceria à Guiana Britânica numa decisão curta, unânime, e sem fundamentos jurídicos que guiassem as razões pelas quais os convencimentos foram formados.
A partir de 1962, a Venezuela iniciou formalmente a afirmar perante a Organização das Nações Unidas seria nula, em virtude de descoberta de fatos e colusão entre os árbitros, dentre outras razões. Em 1966, ano da independência da Guiana, Venezuela, Reino Unido e Guiana firmaram os Acordos de Genebra para resolução da controvérsia em questão. Décadas se passaram e o caso chegou à Corte da Haia. Em virtude das contestações da validade da sentença arbitral por parte da Venezuela, Guiana levou o caso à Corte para obter uma declaração de sua validade e, por consequência, de sua soberania sobre a região de Essequibo. Num julgamento sobre a jurisdição de 18 de dezembro de 2020 (julgado sem a presença da Venezuela nos procedimentos), a Corte Internacional de Justiça entendeu possuir jurisdição para julgar o caso em virtude do Acordo de Genebra, estremando que:
[A Corte, por 12 votos a 4] Considera-se competente para apreciar o Requerimento interposto pela República Cooperativa da Guiana em 29 de março de 2018 no que diz respeito à validade da Sentença Arbitral de 3 de outubro de 1899 e a questão relacionada da solução definitiva da disputa de fronteira terrestre entre a República Cooperativa da Guiana e a República Bolivariana República da Venezuela;
A decisão da Corte em 2020 é interessante porque ela limita o escopo da disputa à validade da Sentença Arbitral e a definitiva disputa fronteiriça entre os dois Estados. Em junho de 2022, a Venezuela apresentou objeções preliminares à jurisdição da Corte em relação à sua admissibilidade. Em outros termos, em virtude da decisão de 2020, a Venezuela empenhou-se em demonstrar a Corte que, apesar de esta ter jurisdição para resolver a disputa em virtude do Acordo de Genebra, ela não pode exercê-la em razão de uma questão de limitação ao pedido, qual seja, a ausência de uma parte indispensável para a disputa como formulada pela Corte: a aplicação do princípio do Ouro Monetário em relação ao Reino Unido.
Interpretatio cessat in claris
Como formulado na jurisprudência da Corte Internacional de Justiça, cuja jurisdição é baseada no consentimento dos Estados para resolver a disputa, o princípio do Ouro Monetário, pela primeira vez aplicado no caso Monetary Gold Removed from Rome in 1943 (Italy v. France, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America), exige que a Corte se abstenha de decidir um caso quando os interesses jurídicos de um terceiro estado que não ofereceu seu consentimento e que constituem “o próprio objeto” do caso, e quando o Tribunal não pode decidir o caso perante ele sem julgar a responsabilidade internacional (ou os direitos) de um terceiro Estado. O enunciado jurisprudencial do princípio é claro. Menos claras são as aplicações do princípio em casos concretos, como é a situação da controvérsia entre Guiana e Venezuela. Isto sem desconsiderar o fato que, como apontou um autor, “há uma tendência crescente para as disputas internacionais irem além da estrutura bilateral para a qual a adjudicação internacional parece ser especialmente projetada e incluir características multilaterais.”
No caso em questão, a tese sustentada pela Venezuela seria de que, como consta em seu memorial e foi posteriormente defendido por seus advogados na Haia, “a Corte não pode decidir a anulação de uma sentença arbitral na ausência de uma das partes no processo que deu origem a essa sentença. O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte não renunciou a seus compromissos e obrigações, nem os transferiu para a República Cooperativa da Guiana, nem a Guiana – que pode ser, no mínimo, sua beneficiária – sub-rogada a eles ou representa seu titular”. Para a Guiana, contudo, o princípio não se aplicaria por duas razões: “primeiro, o Reino Unido não tem interesses legais – nenhum direito ou obrigação jurídica – que seria afetado por uma sentença da Corte sobre o mérito do presente caso; e segundo, o Reino Unido deu seu consentimento, no Artigo IV do Acordo de Genebra de 1966, para que a Corte resolva esta disputa entre a Guiana e a Venezuela”(Reichler). Um dos pontos levantados pela Guiana é que o Reino Unido já declarou não possuir interesses no caso e que, desse modo, não haveria um vício de consentimento por sua parte. O interrogativo que preserva é: mas em relação às eventuais obrigações do Reino Unido na presente controvérsia? A declaração de não interesse é suficiente para sanar a necessidade de consentimento para decidir sobre essas questões?
O problema em questão é que nas nas únicas vezes que ele foi considerado como se aplicando ao caso concreto, houve alguma margem de interpretação que trouxe incerteza ao procedimento em relação à aplicabilidade do princípio Monetário. Se em Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), a Corte entendeu que as submissões de Nauru em relação à Austrália “não constituem o próprio objeto da sentença a ser proferida”; em Timor Oriental (Portugal v. Austrália), a Corte não pôde pronunciar-se sobre a reclamação de Portugal porque entendeu que, se o fizesse, estaria a pronunciar-se sobre os direitos e responsabilidades de um terceiro Estado – a Indonésia – que não fazia parte do processo. Há incerteza sobre qual é o núcleo do teste a ser empregado em relação à aplicabilidade do princípio do Ouro Monetário.
Como bem observou uma autora, “o consentimento deve abranger todas as claims que são julgadas pelo Tribunal na parte resolutiva da sentença.”. É difícil vislumbrar, na atual controvérsia como formulada pela Corte, uma pronúncia do órgão judicial na parte resolutiva que se pronuncie ou não sobre a validade da sentença arbitral sem impactar, ainda que prima facie, a eventual responsabilidade do Reino Unido (como sustentaram os professores Tams e Palchetti). Se a sentença arbitral é nula em virtude de corrupção, tais atos ocorreram em virtude de terceiros, e ao dever se pronunciar sobre tais atos, a Corte estaria extrapolando o consentimento das partes.
A Corte, caso se resolva se pronunciar sobre o Princípio do Ouro Monetário, deverá estabelecer com maior clareza qual é o teste aplicável ao princípio e se também a potencial responsabilidade de um Estado será suficiente para que o princípio incida. Maior clareza nesse sentido seria mais do que bem vinda para os futuros casos na Corte.
Tempus fugit memento mori?
A Corte Permanente de Justiça Internacional possui um antigo dictum no qual observa estar “bem estabelecido no direito internacional que nenhum Estado pode, sem o seu consentimento, ser obrigado a submeter suas disputas com outros Estados à mediação ou à arbitragem, ou a qualquer outro tipo de acordo pacífico.” No caso em questão, a tese Venezuelana é de que o consentimento do Reino Unido não foi oferecido para que se possa dizer que uma conduta fraudulenta por parte desse Estado ocorreu. A tese da Guiana parece se fundar na ideia de que o consentimento do Reino Unido foi oferecido, sob a condição de que não houvesse implicações a ele, algo que eventualmente poderia ocorrer.
É de se questionar também, de um ponto de política judiciária, quais seriam os efeitos de uma decisão que ignorasse o princípio do Ouro Monetário e continuasse a decidir questões complexas em que os Estados resistem a aceitar sua jurisdição. É esse o papel da Corte no momento atual, em que há um grande número de casos, duas potenciais opiniões consultivas à espreita, envolver-se numa controvérsia que talvez possa trazer pouco impacto aos Estados sem a devida negociação vez que, como se sabe, existem grandes interesses nos recursos naturais da região, bem como nos recursos marinhos projetados pelas zonas marítimas da região?
Há uma eminente questão de discussões sobre o colonialismo como pano de fundo da controvérsia. Diferentemente da Opinião Consultiva de Chagos, em que a Corte pode se manifestar sobre as obrigações de um Estado, numa controvérsia bilateral essa possibilidade é praticamente impossível sem evitar esbarrar no princípio do Ouro Monetário. Talvez ao aproveitar a oportunidade de esclarecer a aplicação do princípio do Ouro Monetário, também a Corte possa sinalizar aos Estados que em controvérsias onde questões coloniais estão efervescentes, é interessante que não sejam apenas as ex-colônias a discutir entre elas os direitos e as responsabilidades dos atos cometidos no passado.
